La Guardia Civil lleva más de una década haciendo frente a los delitos de odio. Los primeros agentes fueron formados en el año 2012, a través del proyecto Formación para la Identificación y Registro de Incidentes Racistas (FIRIR). No obstante, no fue hasta finales del año 2014 cuando la Secretaría de Estado de Seguridad aprobó el Protocolo de Actuación para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para los delitos de odio y conductas que vulneran las normas legales sobre discriminación, creando una herramienta específica para mejorar la respuesta policial ante esta tipología delictiva.
En el año 2022 se puso en marcha del II Plan de Acción de lucha contra los delitos de odio 2022-2024, con el fin de abordar de manera más eficaz el fenómeno de los delitos de odio. Entre las medidas que establece este Plan destaca el impulsar la creación de grupos específicos de lucha contra los delitos de odio, tanto en la Jefatura de Información como en sus Unidades Periféricas, lo cual supuso el nacimiento de los 54 Equipos de Respuesta a los Delitos de Odio, denominados Equipos REDO, como herramienta pionera en la lucha integral contra los delitos de odio.
La Guardia Civil aprobó en 2022 el Plan de Actuación de la Guardia Civil ante los delitos de odio y conductas que vulneran las normas legales sobre discriminación, estableciendo un sistema de respuesta integral específicamente diseñado para combatir eficazmente los delitos de odio.
Los Equipos REDO son estructuras funcionales constituidas en el seno de los Grupos de Información de Comandancia. Están conformados por personal que posee formación específica en materia de delitos de odio, estando capacitado para investigar los casos de mayor complejidad.
El sistema de respuesta que la Guardia Civil posee para actuar contra los delitos de odio se dirige y coordina desde la Jefatura de Información.
A nivel periférico se constituyeron 54 Equipos REDO, uno en cada Comandancia de la Guardia Civil. También se creó la figura del Interlocutor Social Territorial, a fin de garantizar la existencia de un canal de comunicación permanente entre la Guardia Civil y las organizaciones de la sociedad civil existentes en cada provincia.
